Honestidad y Confianza
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ACCIDENTE DE TRABAJO - ACTIVIDAD DEL JUZGADO

En el presente fallo la Cámara se expide sobre la necesaria coherencia que debe tener el Juez al recepcionar o rechazar pruebas ofrecidas por las partes y la sentencia dictada en la causa. Además se realizan interesantes consideraciones sobre la aplicación del artículo 9 de la LCT en los accidentes laborales y sobre la prueba a considerar en los mismos.-

NEUQUEN, 29 de marzo de 2011

         Y VISTOS:

         En acuerdo estos autos caratulados: “ARRIAGADA CARLOS ALBERTO CONTRA MAPFRE ARGENTINA ART S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” (EXP Nº 389548/9) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL Nº 3 a esta Sala I integrada por los Dres. Lorenzo W. GARCIA y Luis E. SILVA ZAMBRANO con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Lorenzo W. GARCIA dijo: 

 

 I.- Contra la sentencia denegatoria de fs. 148/150 apela el actor a tenor de los agravios glosados a fs.162/171, cuyo traslado fue respondido por la ART a fs.175 y vta.-

         Tras resumir los antecedentes del caso y resaltar los yerros incurridos en la sentencia -rectificados posteriormente mediante aclaratorias-, destaca que el a quo manifiesta que habrá de valorar la prueba según lo dispuesto por los arts.386 y 377 del CPCC, siendo que debió ceñirse a los principios del derecho del trabajo, tales como los contenidos en los arts.9 y 75 LCT, la primacía de la realidad y la carga dinámica de las pruebas.-

         En ese orden de razonamiento, en el segundo agravio controvierte el cuestionamiento de la demostración del hecho súbito y violento invocado como origen de la incapacidad reclamada, pese a no haber sido desconocido expresamente por la contraria, deduciendo tal postura del carácter inculpable asignado a la patología.-

         Que imputa a su parte no haber probado el accidente, no obstante haber rechazado por innecesaria la prueba testimonial y confesional oportunamente ofrecidas, que replantea en la segunda instancia, al par que cita jurisprudencia de esta Sala in re “Demiz Javier c/Provincia ART”, del 6/2/10.-

         En el cuarto agravio refuta la relevancia que atribuye el a quo a la demora en interponer el reclamo indemnizatorio ante la ART.-

         Seguidamente solicita la aplicación del Decreto 1694/09, que elimina los topes indemnizatorios, citando jurisprudencia reciente de esta Sala en caso análogo (in re “Bernal c/Berkley”).-

         En la respuesta a los agravios, la ART los descalifica en los términos del art.265 cód.proc. y rebate sucintamente los argumentos de la contraria.-

         II.- Abordando el tratamiento de las cuestiones planteadas, he de conceder razón al trabajador en punto a que las cargas probatorias y la evaluación de los elementos de juicio no se rigen en la especie por las normas del proceso civil, sino por las previstas en el ámbito del derecho del trabajo, tales como el principio “favor operari” consagrado por el art.9º LCT, que la ley 26.428 hizo extensivo a las dudas suscitadas en torno a cuestiones fácticas, determinando el cambio de la jurisprudencia anterior de esta Alzada.-

         En ese entendimiento he de conceder razón al recurrente en cuanto cuestiona el razonamiento del a quo en base al cual concluyó que el accidente invocado por el trabajador como ocurrido el 16/4/07, no ha sido probado por el mismo, deduciendo el desconocimiento de la empleadora/ART del rechazo de la cobertura por tratarse de enfermedad inculpable.-

         En tal sentido debe destacarse que la ART, al contestar la demanda y formular las negativas de rigor (fs.63vta.), niega expresamente las circunstancias invocadas por la contraria, pero se limita a desconocer “la plataforma fàctica del accidente de fecha 16/04/07”, expresión ambigua de la que no cabe inferir negativa liminar del hecho dañoso.-

         Así pareciera haberlo entendido el juez de grado al desestimar por innecesarias las pruebas confesional y testimoniales oportunamente ofrecidas por la actora (fs.102), presumiblemente enderezadas a la acreditación de los hechos invocados en la demanda, con inclusión del accidente laboral que tuvo lugar en la fecha indicada, lo que se corroboró con la conformidad prestada por la contraria -fs.107- para que se decida en base a los hechos que enuncia como reconocidos.-

         En cuanto al argumento de la ART, en el sentido que la denegatoria de la testimonial en primera instancia ha quedado firme por omisión de recurso, cabe recordar:

             “Para la admisibilidad de las resoluciones denegatorias de prueba, salvo aquellas relacionados con la determinación de la legalidad y oportunidad del ofrecimiento de la misma, la ley no impone la carga de interponer recurso alguno contra la providencia respectiva, sino de actualizar ante el Tribunal Superior -en oportunidad de expresar agravios contra la sentencia definitiva- el tema sobre el cual aquella providencia versa en el marco de los artículos 125 inciso g), 129 y 131 del Código Procesal Laboral, debiéndose verificar si en la instancia de origen se dio la situación prevista en el artículo 131, primer párrafo, de dicho cuerpo legal (ver: "Trava, Silvia c/ Caminito", 10/05/99).Ccco03 Co 5088 RSI-65016-17 I. 14/09/2005.-

         En la especie estimo que los términos de la litis tornarían innecesariamente dilatorio el acogimiento del replanteo de las pruebas rechazadas en la instancia de grado.-

         Se comparte el criterio conforme el cual:

         “Aun si subsistiera alguna duda sobre la prueba de los hechos y su implicancia jurídica, debemos tener presente que tanto la doctrina como la jurisprudencia han interpretado que en los supuestos excepcionales de accidentes de trabajo, es posible recurrir a la norma del art. 9 de la LCT cuando existe una seria y verdadera situación de duda sobre los hechos que pudieran, como en este caso, pasar el primer test de admisibilidad para la procedencia de la acción, cual es la prestación del trabajo en el lugar donde habitualmente se lo realizaba y, como se dijo en este caso, en presencia del propio empleador. (Voto del Dr. Sodero Nievas). Texto nº 34558STJRNSL: SE. 71/08 “S., N. E. C/SKY CLUB BARILOCHE Y OTRA S/SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” (Expte. N° 22791/08 - STJ), (30-07-08). SODERO NIEVAS  LUTZ  BALLADINI (en abstención). 

              “En virtud de la teoría de la indiferencia de la concausa, no es preciso producir prueba concluyente de la incidencia del trabajo en la disminución funcional, siendo suficiente que las condiciones de prestación hayan podido producirla o agravarla. Es por eso que la incidencia del accidente en la enfermedad que con posterioridad aparece, no requiere acreditación irrefutable.” Obs. Del Sumario: CáMara Nac. Apelaciones del Trabajo, Sala I, Dados, Luciano C. Ferrocarriles Argentinos- 30/12/1994-publicado en: DT 1996-A, 557. ST 23991 S. 03/12/2008. Juez: Rimini Olmedo (sd) Orellana, Pedro Ricardo C/ Compañía Argentina de Teléfonos S.A. S/Pago de Haberes-Casación Laboral. Mag. Votantes: Rimini Olmedo-Suarez-Juarez Carol.

         En punto a la demora en radicar la denuncia del accidente laboral, la misma no ha sido cuestionada por la demandada y resulta explicable en función de la relación de hechos expuestos en la demanda y resumidas en la pericial médica fs.83-, de todo lo cual se desprende que la empleadora tuvo conocimiento de las secuelas inmediatas del accidente, recibiendo el trabajador tratamiento adecuado a través de la obra social y tomando conciencia de la incapacidad residual definitiva con posterioridad a la operación a que fuera sometido -hombro derecho-, todo sin que la empleadora formulase la denuncia correspondiente ante la ART en tiempo oportuno.-

         Viene al caso tener en cuenta lo dispuesto por la  Resolución 1604/07. Superintendencia de Riesgos del Trabajo  Anexo I. sobre el Procedimiento Administrativo para la Denuncia de Accidentes de Trabajo:

         1. Instrucciones e información:

         1.1. La Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) elaborará y entregará material informativo a los empleadores sobre los pasos a ejecutar en caso de accidente de trabajo, conforme establecen las Resoluciones de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) 70 de fecha 01 de octubre de 1997 (Artículos 1 y 3), 310 de fecha 10 de septiembre de 2002 y 502 de fecha 12 de diciembre de 2002.

         1.2. El material informativo será entregado al empleador en el momento de la afiliación/renovación, o durante la primera visita que se efectúe al mismo, adjunto a la entrega de los instrumentos para formalizar la denuncia, en un formato tal que asegure su comprensión y facilite su comunicación.

         1.3. El material informativo o cualquier otra documentación de importancia para la adecuada atención de un accidente de trabajo deberá ser actualizado cuando se produzca alguna modificación.

         1.4. Los empleadores deberán poner en conocimiento de los trabajadores las instrucciones pertinentes recibidas de la A.R.T. acerca del procedimiento a seguir en caso de accidente de trabajo, dejando constancia escrita con la firma de cada trabajador.

         2. Obligación de los trabajadores

         Los trabajadores están obligados, siempre y cuando su condición médica lo permita, a informar en forma inmediata al empleador todos los accidentes que le ocurran por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre su domicilio y el lugar de trabajo, por sí mismos o a través de un tercero.

         3. Atención del trabajador accidentado:

         3.1. Cuando el trabajador reportara al empleador un accidente de trabajo, este último deberá solicitar en forma inmediata las prestaciones en especie para aquél, de acuerdo con las instrucciones que recibiera oportunamente de parte de la A.R.T.. Dicha atención también podrá ser gestionada directamente ante la A.R.T. o un prestador por ella habilitado, por el propio trabajador, sus derechohabientes o cualquier persona que haya tenido conocimiento de la contingencia.

         3.2. El trabajador accidentado recibirá del prestador médico en forma inmediata las prestaciones en especie definidas por la normativa vigente.

         El empleador, a fin de facilitar la atención del trabajador, proporcionará al Prestador, Nombre y Apellido del trabajador, número de C.U.I.L., Razón Social del Empleador, número de C.U.I.T. y Aseguradora, motivo o lesión por la que se solicita la atención, agente causante de la lesión y tarea que desarrolla el trabajador a través del instrumento que esta última tenga implementado. La demora en la entrega de dicha información no será admitida como motivo para justificar la falta de asistencia médica. El prestador dejará constancia escrita en la Historia Clínica de la fecha y hora de la primera atención.

         3.3. El trabajador recibirá del Prestador Asistencial una Constancia de Asistencia Médica (Véase Anexo II Formulario A) en la que quedará documentado el motivo de la consulta, sus datos personales y, de ser posible de determinar, la fecha de vuelta al trabajo.

         4. Denuncia del accidente de trabajo:

         4.1. El empleador complementará a la información ya brindada, conforme lo dispuesto por la Resolución S.R.T. 310/02, la información sobre la contingencia ante la A.R.T., independientemente de su categorización de "con baja" o "sin baja", dentro del plazo máximo de CUARENTA Y OCHO (48) horas de haber tomado conocimiento de la misma, volcando los datos de la contingencia en el Formulario de Denuncia, el cual deberá ajustarse al esquema del Anexo II Formulario D. En la disposición que reglamentará la presente resolución se detallarán las Tablas con los códigos correspondientes a formas del accidente de trabajo, zona del cuerpo afectada, código de descripción de la lesión y agente material asociado. El original del mencionado documento será para la A.R.T. y una copia será para el empleador. En caso de que el empleador no cumpliera con esta obligación, la A.R.T. deberá denunciar el hecho ante la S.R.T., no pudiendo la omisión del empleador ser causal de rechazo del accidente de trabajo.

         4.3. El empleador deberá entregar al trabajador una copia de la denuncia presentada con motivo de las dolencias que sufriera, debiendo proporcionársela sin anteponer condición de ninguna naturaleza.

         4.4. Si la A.R.T. se notificase del accidente de trabajo por medio del trabajador o por un tercero, deberá efectuar la denuncia correspondiente a la S.R.T., solicitando la información complementaria al empleador. La A.R.T. notificará al empleador y al trabajador en forma fehaciente la registración del accidente de trabajo. Se preservará, siempre y en todos los casos, la debida confidencialidad de los datos.

         4.5. En caso de que alguno de los pasos previstos en este procedimiento no pueda ser cumplimentado, la denuncia del accidente de trabajo podrá ser efectivizada en sede de la A.R.T. o en la de un prestador por ella habilitado.

         De lo trascripto precedentemente se desprende que la omisión de denuncia oportuna ante la ART no es reprochable al trabajador, sino al empleador asegurado sustituido en el caso por la ART (art.39 LRT), siendo comprensible que aquél resolviera promover la intervención de la ART al subsistir las secuelas inhabilitantes luego de someterse a los tratamientos e intervención quirúrgica otorgados por la obra social.-

         Tampoco viene al caso la aplicación de la doctrina de los actos propios, invocada por la ART, toda vez que:

         “No corresponde aplicar la doctrina de los propios actos en perjuicio del trabajador que incoa la acción judicial tendiente al cobro de una indemnización por infortunio laboral con posterioridad a la iniciación del procedimiento previsto en la ley 24.557. Y ello en tanto la citada doctrina no puede llevar al absurdo de exigir actitudes heroicas de parte de los trabajadores accidentados, quienes se verían en tal tesitura, ante la disyuntiva de aceptar en el momento mismo del infortunio las prestaciones que requiera la atención inmediata de su caso y quedar de tal modo atrapados en el engranaje del procedimiento administrativo establecido obligatoriamente por la Ley de Riesgos del Trabajo o rechazar desde el inicio tales prestaciones si es que pretenden peticionar ante la justicia los derechos eventualmente afectados.”Scba, L 82816 S 14/06/2006. Juez: Hitters (ma) Lencina, Juan Carlos C/Techint S.A. y Otra S/Indemnización por Daños y Perjuicios. Mag. Votantes: Hitters- de Lázzari-Roncoroni- Pettigiani- Kogan- Genoud.-

            Así también lo entendió la CSJN en los casos “Llosco, Raúl c/IRMI SA”, citando como antecedente el caso “Cubas” (Fallos 175:262).-       

            Relación causal: Entrando al meollo del litigio, juzgo que corresponde tener por acreditada la vinculación causal entre el accidente primigenio y las secuelas invalidantes post-quirúrgicas adecuadamente descriptas y explicadas en la pericial rendida en autos, en que se concluye que si bien se describen signos de cambios degenerativos en la articulación del hombro, hay signos de cambios degenerativos que configuran un accidente de trabajo, tanto respecto de la lesión del hombro derecho como del miembro superior hábil derecho, que evalúa en una incapacidad del 23%, al que debe agregarse el 6% por aplicación de los factores de ponderación indicados en el decreto reglamentario.-

         Estos factores de ponderación deben aplicarse según lo indica la reglamentación citada: 4. Operatoria de los Factores.: Una vez determinados los valores de cada uno de los 3 factores de ponderación, éstos se sumarán entre sí, determinando un valor único. Este único valor será el porcentaje en que se incrementará el valor que surja de la evaluación de incapacidad funcional de acuerdo a la tabla de evaluación de incapacidades laborales.

         En base a lo expuesto, corresponde liquidar el monto indemnizatorio de conformidad con el art.6º inc.2º a) del Decreto 1278/00, sustitutivo del art.14 de la LRT, teniendo en cuenta que la ART ha consentido a fs.87 “el guarismo de incapacidad estimado pericialmente, de lo que resulta:

         IBM 4.042,87 x 53 x 23% x (65/50) 1,3 = $64.067,35, monto a que debe agregarse el 6% correspondiente a los factores de ponderación, arribándose a la suma de $67.911,39.-

         Toda  vez que dicho monto supera el tope conformado por $180.000 x 29% ($52,200), basta con citar lo resuelto por la SCJN el 18/08/2010 in re “ASCUA, LUIS RICARDO C. SOMISA” (LA LEY 25/08/2010), admitiendo la inconstitucionalidad de los topes legales aún tratándose de accidentes laborales ocurridos con anterioridad a la vigencia del Decreto 1694/09 que los derogó totalmente a futuro.-

         Dies a quo para la aplicación de intereses: viene al caso citar lo resuelto al respecto in re “TORREZ OYARZO RICARDO ENRIQUE CONTRA PREVENCION ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART” (EXP Nº 347162/7), en que trascribimos: Riesgos del Trabajo. Ley 24557. Resolución 414/99. Superintendencia de Riesgos del Trabajo:

         1. Establécese que el pago fuera de término de las compensaciones dinerarias adicionales de pago único estipuladas en el apartado 4 del artículo 11 de la ley 24557, las prestaciones dinerarias de pago único en concepto de incapacidad laboral permanente parcial definitiva y el depósito tardío del capital de integración por incapacidad laboral permanente parcial, incapacidad laboral permanente total o por fallecimiento, devengarán un interés equivalente al de la tasa activa mensual que percibe el Banco de la Nación Argentina para las operaciones de descuento de documentos, determinado desde que cada suma fue exigible hasta haber sido debidamente notificada la puesta a disposición de tal suma al beneficiario o abonada la prestación, teniendo en cuenta la tasa vigente al momento del cálculo. (Según resolución 287/01)

         Se comparte la jurisprudencia que edicta:

         “El derecho a la renta periódica comienza en la fecha de la declaración del carácter definitivo de la incapacidad permanente parcial, esto es, cuando así lo determina la Cámara de la Seguridad Social pues a partir de ese momento se produce la consolidación del daño, por lo que cabe entender que es entonces cuando nació el derecho del actor a percibir la indemnización que prevé el art. 14, pto 2, de la ley 24.557 y, por lo tanto, es recién entonces cuando comienzan a devengarse los intereses a cargo del deudor. Toq. 1193. Gonzalez Jorge Washington c/C.N.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/acción de amparo. Art. 14, pto 2 de la ley 24.557. Magistrados: Eiras. Porta. Sala III 29/03/2006 - Exp.nº2.517/2005. Sent.nº SD. 87.640.

         En mérito a lo expuesto, propongo al Acuerdo que se haga lugar a la apelación del actor, revocando la sentencia recurrida y haciendo lugar a la demanda interpuesta contra MAPFRE ARGENTINA ART SA, condenándola a abonar al actor la suma de $ 67.911,39, con más los intereses moratorios liquidables a la tasa activa que aplica el BPN a partir de la fecha del dictamen de la Comisión Médica que se revoca -10/3/2009- hasta el efectivo pago, y las costas de ambas instancias (art. 17 ley 921), debiendo adecuarse las proporciones asignadas en la instancia de grado al resultado final del pleito, y fijando la regulación de los honorarios correspondientes a la Alzada para los letrados de la actora en el 35% de lo que corresponda en la instancia de origen y en el 30% para los letrados de la demandada, los que se calcularán previa liquidación del capital con más los intereses devengados (art.15 LA).-

         Tal mi voto.-

         El Dr. Luis SILVA ZAMBRANO dijo:

         Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.-

         Por lo expuesto:

         SE RESUELVE:

         1.- Revocar la sentencia de fojas 148/151 y 154 y, en consecuencia, hacer lugar a la demanda interpuesta por CARLOS ALBERTO ARRAIGADA contra MAPFRE ARGENTINA ART SA, quien deberá abonar al actor la suma de pesos SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ONCE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 67.911,39), con más los intereses moratorios liquidables a la tasa activa que aplica el BPN a partir de la fecha del dictamen de la Comisión Médica -10/3/2009- hasta el efectivo pago.-

         2.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada (art.17 ley 921)

         3.- Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia recurrida las que se efectuarán en la instancia de grado, una vez practicada la planilla de liquidación del capital con más los intereses devengados.-

         4.- Fijar los honorarios correspondientes a esta Alzada para los letrados de la actora en el 35% de lo que corresponda en la instancia de origen y en el 30% para los letrados de la demandada (art.15, LA).-

         5.- Regístrese, notifíquese y, oportuna-mente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.-

        Dr.Luis SILVA ZAMBRANO          Dr. Lorenzo W. GARCIA 

                  JUEZ                                JUEZ

          Dra.Mónica MORALEJO

                                      SECRETARIA

         REGISTRADO AL Nº  41      Tº II        Fº  216/222

        Protocolo de SENTENCIAS       -S A L A  I-     Año 2011    

            Dra.Mónica MORALEJO

                                      SECRETARIA

 

         

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