Honestidad y Confianza
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MULTA INSPECCIÓN LABORAL REVOCACIÓN

 

En este fallo de la Cámara de Cipolletti se deja sin efecto multa aplicada por delegación de trabajo y se realizan interesantes consideraciones sobre la validez de las actas de inspección cuando existe controversia sobre su contenido.-

 En Cipolletti, Provincia de Río Negro, a los días del mes de Abril de dos mil trece, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces de la Cámara del Trabajo de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad para dictar sentencia en autos: “DELEGACIÓN ZONAL ALTO VALLE OESTE EN AUTOS s. apelación en autos: DZAVO S. INSPECCION/INFRACCION: LI ZI (EXPTE. 103.671-D-2012) S/ APELACION” (Expte. Nº 14457-CTC-2013)

 

 

Previa discusión de la temática del fallo a dictar, de lo que da fe el actuario, se decide votar en el orden del sorteo previamente practicado, correspondiendo hacerlo en primer término al Dr. Luis Francisco Méndez, quien dijo:--------------- 

I.- Que viene a mi voto el expediente de marras, con motivo de la elevación que hiciera la Delegación Zonal Alto Valle Oeste de la Secretaría de Trabajo, a fin de resolver el Recurso de Apelación impetrado por la Sra. XI LI, contra la Resolución Nº 2511/12 de fecha 11-12-12 emitida por la Secretaria de Trabajo de la Provincia de Río Negro, dictada con relación al Expte Administrativo N° 103.670-D-12 (Acta de Inspección/Infracción Nº 207.126 del 16-05-12) y mediante la cual se le impusiera sanción de Multa de $ 8.010,00 por infracción a las siguientes normas laborales: 1) Art. 6 de la Ley 11.544; 2) Arts. 138, 139 y 140 de la Ley 20.744; 3) Art. 27 de la Ley 24.557; 4) Decreto Nacional 1567/74; 5) Arts. 52 y/o 54 de la Ley 20.744; 6) Resolución Nº 2988/10; 7) Art. 97 C.C.T. 130/75; 8) Art. 100 C.C.T. 130/75; 9) Art. 66 C.C.T. 130/75; 10) Disposición Nº 4701/91 y 5883/91 MTSS; y 11) Ley Tasas Retributivas Nº 4722/12.-------------------------------------------------------- 

II.- Conforme surge del líbelo recursivo obrante a fs. 75/79 del Expediente Administrativo “LI XI CUIT Nº 27-94024836-7 S/ INSPECCION/INFRACCION” (Expte. N° 103.670-D-12) que tengo a la vista, la quejosa plantea en primer término la Caducidad de las Actuaciones, en razón de sostener que desde la fecha de Inspección hasta la de notificación de Resolución recaída, ha vencido el plazo de ciento cincuenta (150) días que establece el art. 38 de la Ley 3803.- Subsidiariamente, se agravia argumentando sobre la ausencia de incumplimientos, la inexistencia de relación laboral con el Sr. Ochoa y la carencia de facultades jurisdiccionales del Organismo Administrativo para determinar la existencia o no de relación laboral.- Por último y para el supuesto de que no se dejara sin efecto la multa, peticiona la reducción del importe de la sanción aplicada, señalando que su parte no registra antecedentes.- Hace Reserva de Caso Federal y peticiona en consecuencia.-------------------- 

III.- Con posterioridad a la expresión de dichos agravios, obra a fs. 86/89 del Expediente Administrativo supra indicado, Dictamen expedido por la Asesora Legal de la Delegación de Trabajo Alto Valle Oeste, la cual plantea la improcedencia del Planteo de Caducidad, resalta las facultades del Organismo y a modo conclusivo, postula el rechazo del recurso en razón de sostener que los fundamentos de la apelación no revisten entidad suficiente para conmover la Resolución atacada.----------------- 

IV.- Conforme los términos en que quedara delimitado el tema decidendum, corresponde en primer término analizar el planteo de Caducidad del trámite que articula el recurrente, en razón de sostener que desde la fecha de Inspección hasta la de notificación de Resolución recaída, ha vencido el plazo de ciento cincuenta (150) días que establece el art. 38 de la Ley 3803 y que a resultas de ello ha operado la caducidad de las actuaciones.- En este sentido y como introducción al tema, es dable advertir que la caducidad a la que refiere el art. 38 de la Ley 3803, constituye una forma de extinción autónoma de las actuaciones por vencimiento del plazo legal establecido para su regular tramitación, operando así la perención del procedimiento, todo ello fundado en razones de seguridad jurídica y como directa consecuencia de la inobservancia a los plazos que imperio lege constituyen una limitación forzosa a la discrecionalidad de la administración.- Estas clases de limitaciones temporales establecidas por el legislador tienen por finalidad impedir que los actos de la administración queden expuestos a la eventualidad de un transcurso “sine die”, esto es por tiempo indefinido, tratándose de “evitar así una incertidumbre contínua en el desenvolvimiento de ese ámbito estatal” (conf. DIEZ, Manuel M., “Derecho Administrativo”, Plus Ultra, BS. As., t, VI, pag. 51).- En este mismo sentido argumental, se ha expedido en su momento la Corte de Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Serra” (L.L. 1995-A-397), en cuyo considerando 9º se expresa que “el denominado régimen exorbitante del Derecho Privado”, que impera en la relación jusadministrativa, da sustento jurídico a la institución de los plazos de caducidad, cuya brevedad se justifica para dar seguridad jurídica y estabilidad a los actos administrativos, buscando siempre que las prerrogativas estatales y las garantías del particular encuentren su armónico equilibrio constitucional”.- Asimismo y desde la jurisprudencia de los tribunales inferiores, se tiene dicho que la inobservancia de los plazos legales por parte de la administración, configura lo que técnicamente se conoce como instituto de la retardación, el cual debe concebirse “en defensa de los intereses de los administrados como suerte de sanción para la administración remisa” (conf. SCBA, 23-04-03, “Ferreiro Conde”), como así también que “la existencia de términos…se justifica en la necesidad de dar seguridad jurídica y estabilidad a los actos administrativos. Se trata de evitar la incertidumbre contínua en el desenvolvimiento de esa actividad, pues de lo contrario se afectaría el principio constitucional de la seguridad jurídica (Fallos: 252:154) que constituye una de las bases principales de sustentación de nuestro ordenamiento, cuya tutela innegable compete a los jueces (Fallos: 318:441, “Gypobras SA”), revistiendo además (conf. CSJN, 4-2-99, “Gorordo”, consid. 10) el carácter de un presupuesto procesal examinable de oficio” (CNFed.Cadm, sla I, 22-2-2000, “Carmas SRL y Almir SRL (UTE) c/ Poder Judicial de la Nación”).- Conforme la plataforma expuesta y de acuerdo a la casuística particular del caso sub-exámine, se advierte que, si bien el trámite administrativo ha sido sustanciado –desde su inicio y hasta la notificación de la resolución- casi en el umbral del límite temporal máximo que contempla la ley, en rigor no ha operado la caducidad que se pretende, toda vez que contrariamente a lo que infiere la apelante, no se trata de cómputo de días corridos, sino que de acuerdo a lo preceptuado por el art. 78 de la Ley 3803, los plazos establecidos se computarán en días que resultaran hábiles para la Administración Pública Provincial, surgiendo de ello que –como correctamente lo señalara la Asesora Legal de la Delegación de Trabajo a fs. 87-, desde la fecha del Acta de Inspección (16-05-12) hasta la fecha de Notificación de la Resolución que se recurre (19-12-12), transcurrieron 148 días hábiles, todo lo cual impone la desestimación del planteo de Caducidad que se articulara.------------------------------------ 

V.- Habiendo quedado resuelta la cuestión previa planteada, cabe seguidamente analizar por separado la configuración de las distintas infracciones imputadas y los agravios que al respecto expresa la quejosa, todo ello en concordancia con las constancias obrantes en autos y sus implicancias en la resolución del recurso, conforme las consideraciones fáctico jurídicas que seguidamente se exponen.------------------------- 

V.- 01.- Infracción que se imputa por violación a las normas laborales con relación al Sr. Rodrigo Ochoa: Conforme surge de los Considerandos de la resolución objeto de recurso, se tiene configurada infracción en cuanto la sumariada no ha presentado documentación laboral del precedentemente nombrado, sosteniendo que la empresa no ha desvirtuado la condición de dependiente de dicha persona y que el contrato acompañado a fs. 51/52 refiere a que se cede al mismo la explotación de la Verdulería y no de la Carnicería, “no acreditando el supuesto propietario (evidentemente, se quiso decir “Concesionario”), sus obligaciones tributarias ni pago del canon establecido en el contrato.- En este sentido y tras un meduloso y detenido análisis de la causa, se advierte sin mayor dificultad que la pretendida fundamentación de la Resolución resulta más aparente que real y que la misma se enrola en un mero y puro dogmatismo, con claro apartamiento de la Prueba ofrecida oportunamente por la Sumariada a fs. 51/52, que corresponde a un Contrato de Concesión de Carnicería celebrado por la inspeccionada como Concedente y por el Sr. Rodrigo Ochoa como Concesionario, celebrado casi dos meses antes de la fecha de la Inspección y que se encuentra visado por Rentas (la fecha del contrato es del 21-03-12 y la Inspección data del 16-05-12).- Al respecto, resulta irrazonable y de absoluta inconsistencia que se pretenda desconocer la eficacia probatoria del instrumento mediante la exígua y ligera alegación de que el mismo refiere a la explotación del rubro verdulería, cuando un análisis con mínimo detenimiento del mismo, impone advertir que lo consignado en el punto Primero del Contrato al referir al rubro verdulería resulta de un mero error de tipeo, estando claramente definido el objeto Comercial de la Concesión no solo en el Título del Contrato (“CONTRATO DE CONCESION DE CARNICERÍA”), sino también en las disposiciones de los Puntos Noveno (en el cual el Concedente se obliga a no instalar otra puesto de Carnicería dentro del radio de un Kilómetro) y del Punto Decimo (en el cual resulta que el Concedente tendrá, a los fines del desarrollo de la explotación del objeto de la Concesión, derecho al uso de elementos que claramente corresponde a una Carnicería y que se detallan como “una cámara, una picadora, una cierra (sic) y dos heladeras de batea”.- En el mismo sentido, también deviene irrazonable que se pretenda soslayar la eficacia probatoria del contrato acompañado, en razón de sostener que “el supuesto propietario” (reitérase que debió decirse “el supuesto concesionario”) no acreditó “sus obligaciones tributarias ni pago del canon establecido en el contrato”, cuando el Concesionario no fue intimado jamás para ello, nunca se realizó requerimiento personal alguno al mismo y en el Acta de Inspección realizada a la Sumariada solo se hizo referencia a la obligación de presentar “el contrato celebrado con el personal de carnicería”.- En este tópico y no surgiendo que se haya constatado en modo alguno la falsedad y/o configuración de simulación o fraude respecto a los extremos acreditados a través del instrumento contractual acompañado, configura un exceso injustificado la imposición de sanción por la no presentación por parte de la Sumariada de documentación laboral de quien figura en dicho Contrato como Concesionario de la Carnicería y por ende, excluido de la normativa laboral en cuyo imperio se intimara a la Sumariada a presentar documentación.- Deviene casi ocioso señalar en este sentido, que atento el apartamiento de la prueba en se incurriera, la Resolución emerge contraria a las constancias de la causa y la misma se enrola en un excesivo ejercicio del Poder Sancionatorio, debiéndose tener presente que –tal lo explica la más elevada Doctrina Administrativista Argentina- que la resolución debe consignar el motivo que indujo a dictarla y además que se dan las circunstancias de hecho y de derecho que la justifican. Este requisito es fundamental para apreciar la legitimidad del pronunciamiento y sirve para determinar si ha existido o no desviación de poder" (HUTCHINSON, “Ley Nacional de Procedimiento Administrativo”, Ed. Astrea, 1993, Tomo I, pag. 159).- En este sentido, comparto plenamente y hago mías los antecedentes jurisprudenciales de esta misma Cámara –con su anterior integración- en cuanto a que corresponde la revocación de la sanción administrativa, cuando –como en el sub-lite- no ha tenido en cuenta o no ha valorado debidamente la prueba presentada en el Sumario, toda vez que “Es dable recordar que el debido proceso adjetivo implica el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión administrativa fundada, habiendo resultado vulnerado ello en autos por la errónea merituación que se ha hecho de las pruebas aportadas”, por lo cual “…cabe revocar la resolución apelada en virtud de haberse tergiversado la verdad material del presupuesto del acto administrativo, afectando la legitimidad del mismo” (ambas citas, conf. Voto del Dr. Santos, en autos “DELEGACION DE TRABAJO DE CIPOLLETTI S/ APELACION”, Expte. 9109-CTC-2003, Sent. Del 05-03-04).- De acuerdo a la télesis expuesta, propicio que debe tenerse por no configurada infracción con relación a este punto y admitirse el agravio que al respecto se deduce.------------------------------------------ 

V.- 02.- Infracción que se imputa por violación a las normas laborales con relación a las Sras. Cinthia Gonzalez y Vanesa Poblete: De acuerdo a lo que surge de los antecedentes de la causa, al efectuarse la Inspección Laboral, se confeccionó Planilla del Personal relevado, figurando en la misma las Sras. Cinthia Gonzalez y Vanesa Poblete y consignándose como fecha de ingreso de ambas el mes de Abril del 2012.- Por su parte, al efectuar su posterior Descargo, la Sumariada dejó expresa constancia que ambas trabajadoras no habían ingresado en el mes de Abril, sino con fecha 07-05-12, acompañando como acreditación documentaria de ello, Altas Tempranas de ambas dependientes de las que surge la fecha de ingreso denunciada (07-05-12) y Planilla de Horario suscripta por las dependientes, en la que figura la misma fecha de inicio del vínculo.- Por su parte y conforme surge de los Considerandos de la resolución objeto de recurso, se tiene configurada infracción con relación a las mencionadas trabajadoras, en razón de sostener que las mismas no figuran en los Libros de Sueldos y Jornales del mes de Abril y tampoco se presentan Recibos Oficiales de Haberes por dicho período.- La recurrente expresa agravio puntual en este sentido, expresando que en realidad no existe elemento alguno que pruebe la existencia de relación laboral con las nombradas en fecha anterior a la que figura en la documentación que acompañara (indebidamente, refiere a Recibos de Sueldos, cuando en rigor y atento la fecha del Descargo, no se acompañaron Recibos de Sueldos, sino las constancias de Altas Tempranas).- Entiendo al respecto, que asiste razón al apelante, toda vez que es claro que la mera divergencia entre la fecha de ingreso que figura en el Acta de Inspección y la documentación presentada por la empresa, no puede resolverse en la instancia administrativa en contra de ésta, ya que no hay elementos probatorios que justifiquen adoptar dicha postura, menos aun, cuando la fecha que figura en la Planilla anexa no resulta de ninguna constatación y/o comprobación efectiva que hubiera realizado la funcionaria actuante, sino que simplemente deviene de la manifestación unilateral que efectuaran los trabajadores al momento del acto, sin ningún otro elemento corroborante que aporte certeza, exactitud y/o verosimilitud absoluta sobre lo así esgrimido.—En este sentido, se tiene dicho que “La simple manifestación realizada por los empleados -pese a su supuesta espontaneidad- no puede tener mayor fuerza convictiva que la documentación aportada por la empleadora si se tiene en cuenta que ésta reviste carácter de declaración jurada ante los organismos previsionales.- Es que, en realidad, no se trata de desvirtuar la palabra de los trabajadores porque sí, sino de valorar la contundencia de la prueba presentada frente a la multa impuesta, otorgándole a ésta el verdadero valor que tiene como elemento de convicción suficiente para desvirtuar el hecho fundante de la sanción impuesta, que tiene como único sustento una afirmación que no alcanza a eregirse en elemento probatorio.- Ello así, en tanto, señalar una fecha de ingreso -como hacen los trabajadores al tiempo de efectuarse la inspección- a todo evento puede ser considerado una denuncia que, como tal, merece demostración, pero no puede ser tomada como corroborante del hecho denunciado.- Concretamente, lo que se quiere decir es que no puede tenerse por cierta la denuncia con la sola denuncia.- Por ende, los documentos acompañados por el empleador constituyen el único elemento probatorio y frente a éste la administración no puede mantener la sanción, ya que por la apariencia formal de éstos, el hecho denunciado queda desacreditado.- Desde otro punto de vista cabe advertir que, si se tratase de una controversia suscitada entre los empleados y su empleador, éste ofrecería otros medios de prueba idóneos para contradecir los dichos de aquéllos, de modo que es razonable que en esta instancia -en la que no existe tal controversia- resulta suficiente para enerver tales afirmaciones la prueba documental aportada, sobre todo si se tiene en cuenta que ésas constancias son las únicas con las que cuenta el empleador como para justificar la fecha de ingreso de sus empleados al establecimiento. Lo contrario implicaría convertir esta instancia administrativa en un conflicto entre las partes sin ningún interés personal de ambas que lo justifique. Más aún si se tiene en consideración que lo que aquí se resuelva no juzga sobre lo que pueda resolverse en un futuro e hipotético conflicto generado a raíz de la cuestión reseñada.- A mayor abundamiento cabe señalar que el principio de primacía de la realidad implica la falta de correlación entre lo que ocurrió en los hechos y lo que se hubiese pactado o documentado, prevaleciendo lo primero sobre la forma (ver comentario al art. 11 LCT efectuado por Vázquez Vialard, en Ley de Contrato de Trabajo, obra dirigida por él, t. I, pág. 198, ed. Rubinzal Culzoni); pero es oportuno destacar que, para imponer "la realidad" ésta tiene que surgir de algún elemento corroborante, puesto que, de lo contrario, no nos encontramos frente a ninguna realidad, sino ante una mera apariencia.- Por ello si, como en el caso traído a juzgamiento, la presunta realidad solo se extrae de los dichos de los trabajadores en un acta de inspección en contraposición a prueba documental, parece injustificada la multa impuesta atento la ausencia de razones convincentes que justifiquen otorgar mayor prelación a una denuncia que a un elemento probatorio; ya que tal proceder destruye la lógica del principio expuesto, porque el mismo se aplica cuando se demuestra -aún tenuemente- que la realidad dista de lo documentado, pero no frente a la contradicción que surge de una denuncia y un elemento probatorio, porque esto significaría que la realidad sólo surgiría de la libre elección del intérprete, omitiendo justificar cómo accede a una realidad que según su criterio subyace frente a una situación que considera aparente.- Adviértase que al empleador se le requirió que adjuntara sus libros y recibos de sueldo, dando éste cumplimiento a dicha carga, por lo que, la divergencia expuesta entre los dichos de los trabajadores y las constancias documentales es insuficiente para imponer una multa ya que, en los hechos, no hay infracción a las normas laborales que haya sido debidamente acreditada atento el cumplimiento antes mencionado” (conf. Cámara del Trabajo de Bariloche, autos “ANTU MALAL S.R.L. S/ Apelación Ley 3803”, Expte. N° 19569/07, elevado el 16 de mayo de 2007).- Conforme lo supra expuesto y atento la meridiana claridad que emerge del fallo transcurrido, a cuyos términos adhiero totalmente, considero que debe tenerse por no configurada infracción con relación a este punto.--------------- 

VI.- De acuerdo a las consideraciones precedentes y en mérito de lo supra analizado con relación puntual a las infracciones imputadas, entiendo que corresponde hacer lugar a la Apelación deducida, propiciando al acuerdo se deje sin efecto la multa impuesta, con costas a cargo de la propia recurrente, atento tratarse de un trámite resuelto sin sustanciación.-------------- 

VII.- Por todo lo expuesto, propongo el dictado del siguiente pronunciamiento:------------------------------------------------ 

VII.- 01.- Hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la recurrente Sra. XI LI, revocando y dejando sin efecto la sanción de Multa impuesta mediante Resolución Nº 2511/12.------- 

VII.- 02.- Regular los honorarios profesionales de los Letrados de la apelante Dr. EDGARDO ARIEL MATO y NATALIA CAROLINA ETURA en la suma en conjunto de $ 1.200,00, a cargo de dicha parte.- Para la regulación de dichos Honorarios se ha tenido en cuenta la actuación profesional cumplida, etapa desarrollada, monto de la sanción recurrida, utilidad de la labor desempeñada y resultado obtenido.- Déjase constancia que los Honorarios regulados no incluyen el I.V.A.--------------------------------- 

Mi voto.-------------------------------------------------------- 

Los Dres. Raúl F. Santos y Luis E. Lavedan adhieren al voto precedente.----------------------------------------------------- 

En mérito a ello el Tribunal RESUELVE:------------------------- 

I.- Hacer lugar al Recurso de Apelación interpuesto por la recurrente Sra. XI LI, revocando y dejando sin efecto la sanción de Multa impuesta mediante Resolución Nº 2511/12.--------------- 

II.- Regular los honorarios profesionales de los Letrados de la apelante Dr. EDGARDO ARIEL MATO y Dra. NATALIA CAROLINA ETURA. . . ."

 

 

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